11/02/2019
Francisco Swett
La vigencia de la doctrina de la seguridad nacional en los setenta dio paso a los monopolios estatales sobre los denominados sectores estratégicos. Surgieron así, y se han multiplicado, organizaciones burocráticas, políticamente dependientes y salpicadas por la corrupción. No es vocación del Estado la de ser empresario y para ello basta afirmar que en los países prósperos las empresas estatales representan la excepción y no la regla. Las empresas estatales que funcionan (Codelco en Chile y Staatoil en Noruega son ejemplos) lo hacen porque se comportan como empresas privadas en cuanto a objetivos, visión, estructura, manejo, autonomía, controles, rendición de cuentas, planes de negocio competitivos, conocimiento del mercado, base informática y contabilidad al día.
La mentalidad de negocios estatales abarca también el ámbito del otorgamiento de las concesiones. El gobierno anterior se enorgullecía de los cientos de millones que les había cobrado a las empresas telefónicas para otorgarles las concesiones para la prestación de servicios de voz, datos e imágenes. Se perdió así de vista que lo “estratégico” no radica en los ingresos presupuestarios sino en estructuras tarifarias que afiancen la cobertura a sectores hoy marginados, que presten servicios de calidad, y amplíen la competencia sirviendo los intereses del consumidor para, como consecuencia de ello, atender los fines del propio Estado.
Hoy, frente al quebranto fiscal el gobierno resucita el discurso de las concesiones sin enfrentar antes el problema de terminar con la existencia de empresas, esas sí, inviables. El vocero gubernamental ha expresado, albricias, que él sabe el valor de la concesión de la CNT. Sabe, además, que la mejor fórmula de concesión es la que propone que el Estado reserve para sí el 25 % de los ingresos. Propone, además, que los trabajadores permanezcan en sus puestos y reciban su anhelado 15 % de las utilidades, que el concesionario pague la carga de impuestos (¿o habrá concesiones que los otros agentes no tienen?) y que una vez desarrollado el negocio, lo devuelva intacto. Sin estados financieros auditados no se puede conocer el valor de una empresa. Si el concesionario enfrenta una carga de obligaciones laborales y tributarias que fácilmente erosionan el 40 % o más de los futuros flujos de ingresos, no se puede esperar que las ofertas (esperemos que haya más de una) sean robustas. Para compensar estas trabas se ofrecerían prebendas que contribuyan a la cartelización del mercado afectando una vez más el interés público de los consumidores, que deberán pagar tarifas altas por servicios de tercera en cuanto a calidad y cobertura. Finalmente, si lo que se concesiona es una empresa que se dice es rentable para con el producto de esa enajenación parcial y temporal tapar huecos fiscales (o dar recursos a las otras empresas que se sabe pierden la camisa) entonces el sacrificio habrá sido inútil.
¿Aprenderemos alguna vez? Lo dudo. La falencia de talento y claridad en las ideas nos condenan, cual Sísifo, a que por cada esfuerzo de arriar la roca cuesta arriba, terminemos aplastados por el peso de nuestra propia incapacidad para enfrentar los desafíos del desarrollo.
*Este articulo fue originalmente publicado en El Expreso
