17/08/2018
Gabriela Calderón de Burgos
Cuando Rafael Correa llegó al poder, él y sus partidarios nos hablaron durante años de la necesidad de combatir los “poderes fácticos” y justificaron con esta necesidad una concentración de poder en el Ejecutivo sin precedente en la historia contemporánea del país. ¿Qué eran los poderes fácticos?
Nunca lo dijeron de manera explícita, pero sugerían que estos sujetos eran el “poder detrás del trono”. Esta es la idea de que siempre se impone el poder económico por sobre el poder político. Dicho de otra manera, los ricos y poderosos empresarios por sobre unos impotentes y benevolentes políticos.
Pero el término poderes fácticos se utilizó desde Carondelet de manera más amplia, para referirse a diversos grupos que incluían a los medios de comunicación, los sindicatos, los ambientalistas, las empresas multinacionales, los organismos multilaterales de crédito, entre otros. El denominador común entre quienes se “ganaban” esta etiqueta era que estorbaban los planes de los políticos en el poder, quienes supuestamente nos iban a salvar de los males del pasado.
Con el argumento de que los poderes económicos debían ser sometidos a los buenos políticos, se coartaron libertades y derechos individuales. Conforme los ciudadanos perdimos libertad económica, también se fue volviendo cada vez más palpable el miedo. Miedo a denunciar actos de corrupción en el ámbito de la contratación pública o de la justicia. Miedo a cuestionar la verdad oficial –recordar la cacería de brujas posterior al 30 de septiembre de 2010–. Había un alto costo y riesgo de cuestionar la sabiduría de la política económica del Gobierno. Todo fue posible gracias a la concentración de poder en los políticos.
La aventura terminó en la destrucción de la ya frágil institucionalidad que tenía el país en 2007. Esa destrucción derivó en una corrupción organizada desde los niveles más altos del Gobierno que no tiene precedentes. Ahora los protagonistas de estos hechos y sus partidarios se victimizan. El expresidente Correa, cuyo programa de entrevistas se transmite en Russia Today, un canal que lleva al mundo el mensaje de uno de los líderes más autoritarios del mundo, Vladimir Putin, pretende darnos cátedra acerca del debido proceso, Estado de derecho, y de libertad de expresión.
Pero como bien señala Carlos Pagni, columnista de La Nación, en Argentina, en referencia a la conclusión de un estudio del célebre juez brasileño Sergio Moro: “la clase política puede blindarse en una escandalosa impunidad gracias a que controla resortes institucionales que no están al alcance de los actores privados, aunque sean poderosos”.
Durante la última década fuimos testigos de cómo el poder político logró someter a múltiples individuos, incluso algunos con bolsillos profundos, todo gracias a un aparato estatal de control de los ciudadanos comunes y corrientes que supuestamente debía protegerlos de los abusos de poder de los políticos y terminó siendo el blindaje de los políticos para cometer todo tipo de atropellos.
Hay que recordarles eso ahora que se victimizan como perseguidos políticos, a pesar de que a ellos sí se les está permitiendo lo que le negaron a otros durante su paso por el poder: la libertad de expresarse, de asociarse, y de ejercer su defensa.
*Este artículo fue originalmente publicado en El Universo
