26/01/2018
Gabriela Calderón de Burgos
En enero de este año la dolarización cumplió 18 años. El 9 de enero de 2000, el entonces presidente Jamil Mahuad anunció la adopción oficial de la dolarización, posiblemente la reforma económica más importante que se ha implementado en la historia del país. Es prácticamente el único consenso nacional: atraviesa el espectro político, estratos económicos y regiones. Pero veamos por qué es tan trascendental.
La dolarización aporta una protección de los derechos de propiedad en el contexto de una debilidad institucional generalizada, caracterizada por la ausencia de separación de poderes y el ejercicio arbitrario y discrecional del poder.
Viene a ser como una isla de Estado de derecho en medio de un océano de disparates políticos y económicos. A fines de los años noventa los ecuatorianos se rebelaron en masa contra el dinero manipulado por la clase política, habiéndose desatado mucho antes de enero del 2000 un proceso de dolarización espontánea. Lo mismo está sucediendo ahora en Venezuela. Una encuesta realizada el año pasado por Datincorp de Caracas indica que el 62% de los venezolanos apoyaría la dolarización de la economía. Ecuador y sobre todo Zimbabue son casos recientes de dolarización que demuestran que esto sería una alternativa viable y beneficiosa para Venezuela. Ambos países lograron detener el espiral inflacionario, aumentar su disciplina fiscal y restaurar la credibilidad monetaria.
Ayer, durante una entrevista radial de Venezuela me comentaron que para dolarizar una economía es necesario que el país tenga una disciplina fiscal y un Estado de derecho relativamente sólido. Resulta que esos dos factores convienen con o sin dolarización. Pero en Ecuador tenemos una larga historia de indisciplina fiscal y de instituciones débiles, que de paso se ha acentuado durante la última década con el populismo de la Revolución Ciudadana.
Sin embargo, enhorabuena que el gobierno de la Revolución Ciudadana nos encontró dolarizados, si no solo imagínense por un momento lo que nos hubiera pasado ahora con una necesidad de financiamiento de casi 10% PIB (sin incluir los vencimientos de deudas previas y los atrasos) y un Banco Central a la total disposición de economistas que añoran el poder de devaluar. Se hubiese desatado una orgía de emisión monetaria y su resultante inflación, como sucedió a fines de los años noventa.
Desde que se dolarizó la economía hemos gozado de múltiples beneficios económicos: la inflación ya no es un problema, las tasas de interés cayeron significativamente y fue posible planificar los negocios a largo plazo, enfocándonos en cómo aumentar la productividad.
Esta puede haber sido la mejor política para reducir la pobreza. En el 2000, el 49,9% de los ecuatorianos vivía con menos de $ 3,20 al día, para el 2006 sin haber todavía experimentado una bonanza petrolera, la recuperación de la economía había logrado llevar esa cifra a menos de la mitad: 22%. Luego, en tiempos de la Revolución, la pobreza continuó cayendo hasta llegar a 11,8% en 2015.
Pero el principal beneficio de la dolarización es que limitó el poder de los políticos, incluso de los chavistas ecuatorianos. A pesar de sus mejores esfuerzos, la dolarización fue la piedra que nunca se pudieron sacar del zapato y el límite más efectivo a su capacidad de destrucción.
*Este artículo fue originalmente publicado en El Universo
