16/10/2017
Walter Spurrier Baquerizo
La presentación del presidente Moreno el miércoles por la noche pareció más un programa social que económico. El énfasis estuvo en aumentar en tres puntos la tarifa de impuesto a la renta a las empresas que están entre las 18% mayores. Con esos recursos, financiar el programa Toda una Vida.
No aparecían las herramientas para bajar el déficit fiscal de 4,7% del PIB en 2017 a 1% en 2020, una disminución escalonada de USD3.700 millones, como ofrece el presidente Moreno. No se evidenciaban otras fuentes de ingresos.
La única iniciativa que reduce el gasto es afectar ciertas prebendas burocráticas, como viajes y viáticos, que se estima reducirían USD500 millones por una sola vez. La experiencia que hay es que estos buenos propósitos se quedan en el papel.
El segundo punto de un programa económico es reducir el costo de producir en el país y mejorar el clima de negocios para que las empresas inviertan más, creando empleo y riqueza. El presidente indicó que había acogido el 80% de las propuestas del Consejo Consultivo.
No todas las propuestas son iguales. Con mucho la más importante era la eliminación del ISD, y el presidente la negó. Lo segundo, eliminación del llamado anticipo, beneficiará a las empresas pequeñas; para las mayores hay condicionamientos. Lo tercero era devolver los impuestos a los exportadores y entregar el abono tributario, valores adeudados de años anteriores. Como la presentación del presidente estuvo dirigida a la población en general y no a empresarios, se desconoce si acogió este planteamiento.
El cuarto pedido era la flexibilización laboral; queda claro que no se dará. Lo que se ofrece es nuevas modalidades contractuales para relaciones laborales específicas, por ejemplo ordeñadores, o tripulantes de buques pesqueros. Se busca formalizar relaciones laborales con frecuencia informales.
Esas cuatro eran las iniciativas primordiales para las empresas grandes. No han sido atendidas, y en cambio, se les aumentan los impuestos.
Desde una lógica de un gobierno de izquierda, se ha hecho lo correcto, puesto que las medidas apuntan a reducir las diferencias en la distribución de recursos. Pero no se bajan los costos de producir en el país ni se crea confianza en que la economía entra en convalecencia. No alientan la inversión.
Recién el día siguiente quedó claro el meollo de la estrategia, cuando la explicaron el ministro de Finanzas y los titulares de Rentas y Aduanas. Van a elevar los aranceles de los productos terminados presumiblemente al máximo posible dentro de los acuerdos de la OMC, y aplicarlos a un precio del producto importado superior al declarado, lo que generaría unos USD1.600 millones al año. Eso implica incrementar las recaudaciones en Aduanas en un 50%. Se implica que las autoridades aduaneras del Gobierno anterior hicieron mal su trabajo.
Además de crear ingresos fiscales, con esto se pretende favorecer a la industria de sustitución de importaciones, y crear empleo. El costo es el fuerte encarecimiento de los productos de consumo duradero y el auge del contrabando.
Hay cambio de estilo de gobernar, Moreno se gana la simpatía de todos, pero en cuanto a política económica, la suya y la del correísmo, son lo mismo.
*Éste artículo fue publicado originalmente en EL UNIVERSO
