07/07/2017
Gabriela Calderon de Burgos
Esta semana hemos celebrado, con justa razón, que la justicia declare inocente al periodista Martín Pallares. Pero hay que moderar un poco la celebración y recordar que si bien es bienvenido que no se restrinjan la libertad de expresión y el debate público por la sensibilidad extrema del expresidente, todavía no se realizan las reformas institucionales que garantizarían una justicia independiente del Ejecutivo.
Ecuador tiene una tradición estatista y caudillista que fue profundizada por la Constitución de Montecristi. Ese modelo sigue vivo y nada ha propuesto la nueva administración para transformarlo. Lo que estamos presenciando es un cambio de jefe, no de modelo. Vale la pena recordar que lo que necesitamos no es un dictador benévolo sino reformas institucionales que restauren la independencia de poderes, la competencia entre distintos partidos políticos y, en general, el Estado de derecho. Por ahí vemos cómo algunos líderes políticos de la oposición le exigen al presidente Moreno acciones que en realidad les corresponde a autoridades de control y de la justicia, entidades que idealmente deberían ser independientes del Ejecutivo.
Sigue vigente un arreglo institucional que permite que la justicia sea en gran medida dependiente del Poder Ejecutivo. Esto lo demostró un informe de 2014 de la Fundación para el Debido Proceso. Allí se detalla que desde la reforma judicial de 2011, las sanciones emitidas por el Consejo de la Judicatura aumentaron considerablemente, así como también lo hizo la proporción de estas que resultaron en la destitución de un juez. Además, la mayoría de los procesos de sanción fueron iniciados por un funcionario del Gobierno y se les negó el derecho al debido proceso a los jueces acusados. El informe dice que “existe en Ecuador una utilización política de la justicia que compromete seriamente la independencia judicial en aquellos casos en los que está de por medio el interés gubernamental”.
El Consejo de la Judicatura lleva años violando la restricción tipificada en el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, arrogándose la potestad de revisar y evaluar decisiones judiciales para luego sancionar a los jueces por ello, mermando así su independencia del Gobierno. Eso no ha cambiado, a pesar de que el fallo de esta semana nos haga pensar lo contrario. El Sr. Pallares quizás ha tenido la suerte de que actualmente los intereses del Gobierno entrante estén alineados con este fallo.
De igual forma, aunque es bienvenido que las autoridades de control finalmente hagan lo que les corresponde: investigar denuncias de actos de corrupción cometidos en el caso Odebrecht, no nos debemos dejar impresionar fácilmente. Esto parecería ser tan solo la punta del iceberg de lo que ocurrió durante la “década ganada”, según lo han denunciado personas como Fernando Villavicencio, quien continúa siendo perseguido por la justicia ecuatoriana.
Además, si el nuevo gobierno realmente quiere combatir la corrupción, podría proponer las novedosas reformas para controlarla que se han implementado en países como Brasil y Guatemala. De entrada habría que reducir el tamaño del pastel que se reparte en Quito (Presupuesto General del Estado) y el poder concentrado en Carondelet. Generalmente, estos cambios se dan por presiones de la sociedad civil y no por iniciativa de los políticos porque equivaldría a echarle veneno al agua que beben.
*Este artículo fue originalmente publicado en El Universo
