23/06/2017
Gonzalo Ruiz
Uno de los sofismas de la autodenominada revolución ciudadana que se autodestruyeron es el de la Participación Ciudadana y Control Social. Un poder que arde en la hoguera.
La Constitución, aquel texto perfecto, acabado, la idea del hombre nuevo que alumbró el pueblo desde las cenizas del sistema de partidos que se desmoronó, debía durar 300 años.
Las mentes lúcidas construyeron un galimatías jurídico, un rompecabezas donde la trampa de la participación ciudadana devino en un modelo de concentración del poder ampliamente comentado. ¿Por qué, en mi opinión, la participación ciudadana sucumbió en su intento? Por una falla de origen en su composición y la distorsión de sus funciones y alcances.
Siempre se cuestionó que luego de la promulgación de la Carta Constitucional, cuando ya no había nada que hacer después de que la Asamblea Constituyente dio paso a esta entelequia, la designación de los integrantes del Consejo no respondía a una expresión de la diversidad social, cultural, política del Ecuador y se levantaron sombras sobre los vínculos con el modelo de poder concentrado que se estaba tejiendo.
Ese organismo tenía un poder que antes estuvo en manos de los legisladores que, con sus vicios y virtudes, representaban la voluntad popular manifestada en las urnas. Pues ahora serían los integrantes de ese poder los que a su vez nombren -con un enredado proceso de selección de carpetas- a las comisiones nominadoras de varias de las autoridades más importantes del país.
La herida purulenta que se destapa en estos días, un volcán incontenible que no dejará de erupcionar durante algún tiempo, parece dar la razón a los críticos. Varias de las ‘manos limpias’ arderán.
Para reemplazar a Carlos Pólit, excontralor renunciante, y que por ahora está en Miami, ya pierde legitimidad el procedimiento de selección de su sustituto. Hay voces que piden una reforma -que debiera ser constitucional- o ingeniarse otro mecanismo, para que no suceda en el futuro que otra persona con 100/100, (puntaje perfecto) llegue a una enésima designación y luego se conozca el mar de fondo de las aguas tormentosas de la gestión, que ahora ventilará en juicio político la Asamblea, encabeza por la inmensa bancada verde flex.
Pero el ya célebre Consejo, que debiera desaparecer en el futuro, tenía otra tarea, un mandato constitucional. ‘Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación de ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción’.
El país sabrá juzgar si esos mandatos se cumplieron o serán otras tantas de las deudas pendientes. La corrupción se cura con una justicia independiente pero los entes públicos debieran contribuir a la transparencia. Y la construcción ciudadana está más asociada al pluralismo y a la diversidad más que a la consolidación de un poder vertical. Por ahora los corazones ardientes lanzan bolas de fuego desde las redes sociales.
*Este artículo fue originalmente publicado en El Comercio
