15/06/2017
Victor Cabezas
La respuesta es tan sencilla como espantosa: Significa que, si las acusaciones contra esta autoridad prosperan, en Ecuador la corrupción habría estado institucionalizada. Si bien en otros países se han adelantado investigaciones contra diversos funcionarios públicos como ministros o ex presidentes, Ecuador es el único país donde las autoridades tienen puesta la lupa sobre el Contralor General. Esto es verdaderamente alarmante. Si la Contraloría estaba captada por lógicas o intereses corruptos, no existe ninguna certeza respecto del destino de los fondos de todos los ecuatorianos. Si hay un lugar donde la corrupción no puede calar es precisamente en esta institución. La Contraloría es la meca donde confluye la auditoría del Estado, el control que se ejerce frente a los actos del poder público, es la institución que por excelencia dedica sus fuerzas a asegurar que los recursos de todos sean usados en beneficio de la colectividad.
Quizás esta imagen de un Ecuador que empieza a develar una descomposición en el ejercicio responsable y ético de las funciones públicas y sobre todo en el manejo de los recursos públicos sea la mejor respuesta para desarmar la retórica oficialista que erigió desde la propaganda un país al que le bastaban carreteras, construcciones magníficas y puentes para desarrollarse. Quizás estas imágenes nos permiten concluir que el país necesitaba y necesita mucho más que eso. El tener puesto el ojo sobre la máxima de combate contra la corrupción, precisamente por un tema de corrupción, insisto, es una de las noticias más funestas para la democracia ecuatoriana de las que hemos tenido cuenta en los últimos años. Es la más determinante. Es la que devela un pasado obscuro en el ejercicio del poder. Si el Contralor estaba inmerso en prácticas corruptas, el Gobierno y sus recursos pasaron a ser tierra de nadie y el erario público una piñata. Así de sencillo.
Queda, sin embargo, esperar que actúe la justicia y después del correspondiente proceso los ecuatorianos estaremos a la expectativa de que los jueces nos digan quién estuvo vigilando nuestro dinero y nuestro patrimonio durante estos diez años. Si se llega a determinar esta culpabilidad, inevitablemente todo lo sucedido en la Revolución Ciudadana –todo lo que el Contralor debió controlar- quedará bajo una sombra de duda y deberá ser auditado.
En definitiva, el caos del Contralor no es una fotografía aislada del estado de nuestra democracia. Es parte de una serie que nos muestra lo que sucede cuando tenemos un Gobierno demasiado cómodo en el ejercicio del poder. Cuando el político hace de la institucionalidad del Estado un club de amigos. Esta novela nos muestra lo que ocurre cuando los funcionarios se sienten demasiado plácidos, seguros, impunes y eternos en el ejercicio del poder. Ni las carreteras ni los puentes ni las hidroeléctricas justifican el haber construido una estructura de Gobierno donde la fiscalización, la justicia y el control estaban a merced de intereses partidistas y voluntades personales. Que los ojos del país y de la justicia hoy estén puestos sobre el Contralor es un síntoma nefasto para los ciudadanos. Un síntoma que ni la más monumental obra pública puede subsanar y que debe levantar la indignación de todos pues, reitero, si las dudas que pesan sobre el Contralor se verifican, el Ecuador habrá vivido diez años en un estado de corrupción institucionalizada.
