13/06/2017
Hernán Pérez Loose
El espectáculo al que está asistiendo el país en los últimos días es la reconstrucción criolla de lo que fue el saqueo de Odebrecht. La empresa, que arrastraba una fama de corrupción política en América Latina, se llevó más de mil millones de dólares en contratos públicos en la última década. Desde que hizo su ingreso en el Ecuador allá por los años 80, los mejores años de Odebrecht fueron los de la revolución ciudadana.
Pero no nos engañemos. Lo que ha salido a la luz de Odebrecht hasta ahora –y ello únicamente por acciones provenientes del exterior– es apenas lo que se nos ha permitido ver por una pequeña rendija. Por allí, por ese estrecho huequito, el país ha comenzado a entender cómo funcionaron las diversas bandas de maleantes responsables de la administración de más de 350 mil millones de dólares de propiedad de los ciudadanos. Cómo fue que –bajo la dirección del capo di tutti capi– ministros, contralores, fiscales, jueces, medios públicos de comunicación, asambleístas, organismos electorales y de control social, todos, actuaban como una máquina perfectamente aceitada: para asaltar las arcas fiscales, los unos; darle al asalto la apariencia de legalidad, los otros; y garantizar su permanencia en el poder, los de más allá. Y, encima de eso, perseguir despiadadamente a los pocos líderes de oposición, periodistas, o medios independientes que se atrevían a denunciarlos. Y así fue como se forjó un ejército de nuevos ricos que no pueden justificar sus fortunas sino por sus vínculos familiares, o de amistad, o supuestamente ideológicos, con el régimen más corrupto de nuestra historia.
Por esa estrecha rendijita, hoy lo que también alcanzamos a ver es una pelea a muerte entre esas bandas de maleantes, entre excompadres, por salvar su pellejo, y por arrimarse al mejor árbol. Es una guerra despiadada entre ladrones tratando de sobrevivir.
Sin embargo, lo de Odebrecht no es nada. Lo que aún está por descubrirse íntegramente, y lo que el país exige ver claramente, es la gran orgía de los recursos públicos a través de los contratos a dedo para hidroeléctricas, puertos, autopistas, carreteras, hospitales, armamentos, etcétera, con empresas estatales o semiestatales de chinos, rusos, árabes, turcos, venezolanos, entre otros. Todo ello gracias a la contratación a dedo, y a la manipulación de la figura de las alianzas público-privadas que, en manos de esta gente, se convirtieron en alianzas para delinquir.
Si el Gobierno, incluyendo los órganos de control que en su mayoría están en manos de leales oficialistas, no da muestras claras e inequívocas de que se aprestan a recuperar al menos la mitad de lo robado en la última década, el país no va a aceptar ningún ajuste económico por la vía de mayores impuestos, o por cualquier otra vía, pues ello significaría premiar a los saqueadores de fondos públicos. Lamentablemente, hasta hoy las señales no son muy alentadoras. ¿Cuánta más pus debe salir del cuerpo moribundo de la revolución ciudadana? Hasta el capo di tutti capi está por irse nomás.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo
