09/06/2017
Jorge G. Alvear
El presidente Lenín Moreno posesionó a algunos integrantes del Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. La lucha anticorrupción “será implacable”, anticipó el mandatario. Destacó que sus integrantes contarán con la asesoría permanente de la agencia y organismos del Sistema de Naciones Unidas, pero no se conoce la suscripción de compromiso alguno.
Al indicado Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se le asignaron cuatro atribuciones: proponer al presidente de la República estrategias y mecanismos para la prevención de la corrupción en los sectores público y privado; exhortar a las entidades correspondientes para activar y aplicar los mecanismos de control e investigaciones, de acuerdo con las competencias que les confiere la ley, respetando el debido proceso; proponer iniciativas de educación que promuevan una cultura de transparencia y valores; y, presentar propuestas de políticas y normas para la transparencia y lucha contra la corrupción. Se entiende que el Frente no impulsará investigaciones, lo cual confirmó Xavier Zavala, uno de sus miembros.
Lo anunciado se da cuando el país llegó al nivel más preocupante del debilitamiento institucional del Estado de Derecho; primordialmente en materia de la lucha anticorrupción, luego de 10 años durante los cuales las instituciones del sistema de justicia fueron cercadas por la clase política dominante del Gobierno. La función Ejecutiva atenazó a las otras funciones del Estado y obtuvo –entre otros resultados– el control de las investigaciones de denuncias de corrupción y esquivó el equilibrio de poderes. Después quedó a la vista la indefensión de los ciudadanos que no integran círculos de poder y la consolidación de un alto grado de impunidad.
La corrupción tomó forma de asociación entre funcionarios públicos y el empresariado privado; y lo que es peor: se conectó con los órganos de control (Contraloría, Corte Constitucional y Fiscalía). Así, en el campo de la contratación pública se han logrado ventajas ilegítimas, a base de decisiones discrecionales, concertadas en secreto y convenidas con una “comisión”. Algunas ordenadas desde la instancia institucional máxima (autoría mediata). Los episodios Capayaleaks, Odebrecht y Caminosca cuentan lo indicado y de la exhibición del poder discrecional de altos funcionarios públicos de confianza. Se ha señalado la relación directa entre el que nombra y el nombrado, así como la subordinación, obediencia y protección (política y judicial).
Es de esperar que el Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción sea desbordado por su tarea, dadas las limitaciones legales y las impuestas en el decreto de creación. Además, desafortunadamente, sus miembros carecen de la experticia de los especialistas internacionales, necesaria para la “cirugía mayor” ofrecida por el presidente Moreno.
Lo que Ecuador necesita es una Comisión Internacional contra la impunidad, auspiciada por las Naciones Unidas, amparada en un tratado internacional, que trabaje con la Fiscalía en la tarea de investigar, perseguir, castigar y desmantelar las redes de corrupción en el Estado. Que sea parte interesada de los procesos penales, además de la Fiscalía. Así funciona la Cicig en Guatemala. El presidente Moreno podría invitar al presidente de la Cicig, Iván Velásquez, para que le cuente sobre lo logrado en el Caso Cooptación del Estado, luego del desensamble de redes delincuenciales en la institucionalidad del Estado… una real “cirugía mayor”.
*Este artículo fue publicado originalmente en El Universo
