03/05/2014
Jorge Chuya
Ecuador está viviendo días agitados. Después de la victoria del candidato oficialista, Lenín Moreno, el futuro se vuelve completamente incierto. Dentro de este contexto, uno de los mayores problemas que tiene Ecuador es la clara inexistencia de un Estado de derecho. Gracias a esto, Ecuador no tiene reglas efectivas que limiten el abuso del poder político; lo cual se agrava, cuando se vive en un país donde la separación de poderes es como Narnia: inexistente.
Y justamente ahora se evidencia un caso al respecto. El pasado 19 de abril se realizó la audiencia del juicio que lleva Carlos Pólit, Contralor general del Estado, contra nueve miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción. El Contralor exige la suma de USD $100,000 por cada uno de los nueve miembros, y una pena privativa de entre seis meses a dos años de cárcel. El motivo del juicio es por las “calumnias” realizadas por esta Comisión hacia el Contralor, tras la denuncia que este organismo emitió en febrero del año pasado, acerca de un posible sobreprecio del terreno en donde se encuentra ubicado el proyecto de la Refinería del Pacífico.
Cabe destacar que los demandados son académicos con larga trayectoria en el ámbito local, quienes, en su mayoría son personas de muy avanzada edad, e incluso con discapacidades. Entre ellos, es importante mencionar a la ilustre Isabel Robalino, quien fue la primera mujer en el Senado de la República, la primera concejal de Quito, una de las primeras mujeres en estudiar leyes en el Ecuador y la primera en graduarse de abogada y doctora en Derecho. Sin duda, toda una modelo a seguir para las futuras generaciones, quien a sus 99 años enfrenta un proceso ilegítimo, apoyada por sus principios y su deseo de luchar contra la corrupción en el país.
Al contralor, y la gran mayoría de los funcionarios públicos se les ha olvidado un pequeño detalle: los verdaderos gobernantes de un país son los ciudadanos. Todos los funcionarios públicos, desde el nivel más bajo al más alto, se deben a cada uno de los ecuatorianos.
Cuando miembros de la sociedad civil presentan una demanda con sospechas de peculado y otras irregularidades, más allá de la resolución que tome la Fiscalía al respecto, es menester absolutamente obligatorio que el funcionario público acusado le ofrezca a la nación una rendición de cuentas clara que permita eliminar cualquier sospecha. Si permitimos que sean los funcionarios públicos quienes juzguen las sospechas de la sociedad civil, ¿Qué clase de país somos? ¿Qué seguridad le podemos dar a la ciudadanía acerca de la lucha contra la corrupción y la libertad de expresión?
El caso de la Refinería del Pacífico, por el cual se había denunciado al contralor y otros funcionarios más, es un proyecto muy controvertido. Se inició en 2008, y hasta el año pasado se invirtió USD $1503 millones para movimiento de tierras, asesorías, estudios ambientales, administración del proyecto, sueldos y más. Después de ocho años, su construcción aún no empieza, pues aún no consiguen inversionistas para cubrir los USD $13,000 millones del financiamiento necesario. Dicho proyecto se ha convertido en un elefante blanco para la economía del país, ya que se han efectuado gastos sin tener una seguridad sobre el financiamiento.
Además, el Índice de Percepción de Corrupción 2016 realza la necesidad de un control riguroso sobre el uso de fondos públicos. Ecuador se encuentra en el puesto número 120, solamente superando a Paraguay y Venezuela a nivel sudamericano; quizás esto se dé por los casos de corrupción revelados en meses anteriores.
El reporte muestra que existe un rango de confianza ante la corrupción entre el 28 % y el 35 %, lo cual lo ubica en el tercer cuartil de los países con alto índice de percepción de corrupción en el mundo. La fiscalización dentro de un país es sumamente importante. Cuando el dinero de más de 14 millones de personas se destina al gasto estatal, y no hay un control transparente del mismo, existe una grave falta al estado de derecho.
El día se dictó la sentencia, como era de esperarse, el Contralor ganó el juicio. Sin embargo, Pólit retiró la denuncia, tras un mensaje del presidente entrante, Lenín Moreno, en el que lo exhortaba a hacerlo. ¿Qué mensaje quieren dar? ¿Qué ustedes manejan el poder judicial? Eso ya lo sabemos. Por mucho que busquen callar las voces, son más los valientes que buscan un mejor futuro para el país.
Todo este show político armado por la contraloría es una completa desfachatez. ¡Qué vergüenza sentiría al hacer algo así! ¿Cómo se es capaz de descansar con esta carencia de conciencia? ¿Acaso vale más mantener la imagen para seguir gozando del poder que rendirles cuentas a los ciudadanos? ¿Ahora los gobernados quieren ser los gobernantes? Quizás habría que pegar en todos los postes de luz un sencillo recordatorio: los funcionarios se deben a los ciudadanos, y no al revés.
*Este artículo fue publicado originalmente en PanamPost
