13/01/2017
Por: Gabriela Calderon de Burgos
Rafael Correa asumió la Presidencia del Ecuador el 15 de enero de 2007, hace exactamente diez años este domingo. Su estadía en el poder podría llegar a su fin el próximo mes con las elecciones presidenciales. Este es un momento adecuado para evaluar en qué condiciones recibió el país y cómo lo deja.
Las finanzas públicas a fines de 2006 mostraban cifras envidiables, mientras que ahora protagonizan una crisis fiscal. Entre 2000 y 2006 la deuda pública se redujo desde un 76,7% del PIB hasta un 28,8%, nivel de deuda que la llamada “revolución” incrementó hasta llegar a un 41% del PIB a inicios de 2017. Esto según cifras del Gobierno, las cuales no incluyen otras obligaciones que también constituyen deuda pública como aquella contraída con el Banco Central del Ecuador y las preventas de petróleo. El gasto público constituyó en promedio un 23,7% del PIB entre 2000-2006, promedio que casi se duplicó durante la última década ubicándose en 40,4%.
Toda esta burbuja pública se infló con el objetivo de mejorar el desempeño económico y reducir la pobreza. Pero el crecimiento económico promedio, sin tanta parafernalia estatista, fue ligeramente superior entre 2000 y 2006 (4,2%) que durante la supuesta “década ganada” de 2007 a 2016 (3,3%). Incluso si consideramos los años de fines de los noventa para comparar la década prerrevolución con esta que acabamos de vivir (1997-2006 vs. 2007-2016) vemos que el crecimiento económico ha sido prácticamente el mismo (3,2% vs. 3,3%). Y antes de la revolución, la pobreza venía cayendo a un paso ligeramente superior que durante esta.
Cabe recalcar que estos “logros” se obtuvieron a pesar de haber recibido la mayor bonanza petrolera en la historia del país. Durante la primera bonanza petrolera entre 1973 y 1982, los ecuatorianos recibieron –ajustando por inflación y población– $ 203 por habitante. Durante la segunda, entre 2007 y 2014, recibimos $ 353. Esto es ¡73%! más que durante la bonanza setentera.
Para lograr semejante crecimiento del tamaño y envergadura del Estado, tuvieron que pisotear el orden constitucional vigente. En 2007 respaldaron al Tribunal Supremo Electoral que destituyó a la oposición en el Congreso, así como también a las turbas que tumbaron al Tribunal Constitucional. La Asamblea Constituyente disolvió el Congreso y ejerció poderes ilimitados. También se le negaron derechos fundamentales a individuos, como el derecho al recurso de amparo.
Llegaron diciendo que querían “darle correazos” a los corruptos de la partidocracia y combatir a los poderes económicos detrás del poder político, los llamados “poderes fácticos”. Para ello pidieron múltiples cheques en blanco que una mayoría de la ciudadanía les concedió. El nivel de poder concentrado en Carondelet no tiene precedentes desde el retorno a la democracia en 1979 y el nivel de recursos, probablemente en la historia de la República.
Una década después, Correa deja una economía en medio de una recesión con miras a alrededor de cuatro años más de contracción y dejándole una pistola cargada a cualquiera que llegue a su sillón. Se va intentando tapar la lluvia de escándalos de corrupción que podrían implicar a altos funcionarios de su gobierno. Como decía Bertrand de Jouvenel de la Revolución Francesa, esta “sirvió al poder, no a la libertad”.
*Este artículo fue publicado originalmente en El Universo, el 13 de Enero del 2017. Para mayor información consulte http://www.eluniverso.com/opinion/2017/01/13/nota/5994091/legado-revolucion-ciudadana
