9/12/2016
Por: Gabriela Caldrón de Burgos
Antes y después de la creación del Banco Central del Ecuador (BCE) nuestros gobernantes han tenido una obsesión con la banca. ¿Por qué? Porque es allí donde se encuentra el dinero de otros. Guillermo Arosemena señala en la introducción a su libro acerca de la historia de la banca ecuatoriana (1998) que, históricamente, “los gobernantes en su afán de financiar los demagógicos gastos del presupuesto… emitieron sus propios billetes… u obligaron a los bancos de emisión a emitir billetes sin respaldo. La banca no pudo ser longeva… porque en más de una ocasión, el gobernante de turno asaltó a las instituciones financieras y promulgó leyes que usurparon patrimonios”. Lamentablemente, esta obsesión no se elimina con la dolarización.
La Junta de Regulación Monetaria Financiera (“Super Junta”), desde que nació en 2014, vive ocupada buscándole qué hacer al Banco Central del Ecuador (BCE), que ya debería haber desaparecido desde que nos dolarizamos. Al menos, hasta antes de este Gobierno, su existencia era inocua. El BCE tenía poderes limitados, lo cual había aislado las finanzas públicas del sistema financiero privado.
Pero desde la vigencia del Código Orgánico Monetario y Financiero, el BCE ha venido prestando crecientes cantidades de la Reserva Internacional (RI) al Gobierno Central. Los fondos que conforman la RI no le pertenecen ni al BCE ni al Gobierno, sino a los depositantes de las instituciones del sistema financiero y a los afiliados de la seguridad social, a los gobiernos seccionales y otras entidades públicas.
Así es como el BCE ha llegado a cometer la irresponsabilidad de comportarse como un banco comercial de reserva fraccional. Prometió velar por la estabilidad del sistema financiero y ahora está demostrando lo contrario.
Consideremos las últimas resoluciones emitidas por la Super Junta, hay tres resoluciones que derivarán en una mayor concentración de recursos del sistema financiero y de las instituciones públicas en el BCE. La primera eleva el encaje bancario del 2% al 5% para los bancos que tengan más de $ 1.000 millones en activos. Esta es la más controversial, aunque su efecto dada la baja demanda de crédito y considerando que los bancos ya tienen un excedente de encaje muy superior al 5% depositado en el BCE, parecería inofensivo. Pero si es así, ¿por qué lo hacen?
La segunda altera la forma de calcular el requisito mínimo de liquidez que los bancos están obligados a mantener en el país. Esto obligará a que los bancos tengan que repatriar entre $ 400 y $ 500 millones de sus fondos, incrementando así sus depósitos en el BCE.
La tercera obliga a las entidades no financieras del sector público a obtener una autorización de la Super Junta antes de poder tener depósitos e inversiones en el exterior. Además, obliga a aquellas que actualmente mantienen depósitos e inversiones en el extranjero a repatriarlos hasta fin de año y depositarlos en el BCE.
Estas resoluciones son una forma torpe de lograr su revelado (e ilegítimo) objetivo de financiar al Gobierno con el dinero de otros, agregando incertidumbre a la economía y contagiando todavía más al sistema financiero privado de las desastrosas finanzas públicas. Ojalá el próximo Gobierno corte de raíz el mal eliminando al innecesario y perjudicial BCE.
*Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 9 de Diciembre del 2016.
