08/11/2016
Por: Andrés Ricaurte Pazmiño
Recientemente “World Justice Project” una organización independiente y sin fines de lucro que trabaja por la consolidación del Estado de Derecho en el mundo como base para que las sociedades puedan progresar en un marco de desarrollo económico sostenible, gobierno responsable y respeto por los derechos fundamentales, ha publicado el “Rule Of Law Index 2016” un ranking que mide la relación existente entre la aplicación de la justicia enmarcada en el imperio de la ley con su práctica en la vida diaria. Ecuador se colocó en el lugar 91, de entre 113 naciones evaluadas, a continuación vamos a interpretar lo que significa esta posición.
El imperio de la ley tiene como cimiento el principio que toda persona natural y jurídica, de derecho público -encabezada por el estado- y privado, está sometida igualmente a la máxima autoridad nacional, encarnada en el ordenamiento jurídico, mismo que deberá promulgarse públicamente, hacerse cumplir con absoluta independencia y guardar compatibilidad con las declaraciones y principios internacionales de derechos humanos e involucra la adopción de medidas para su efectiva vigencia, por ejemplo: procesos de rendición de cuentas, separación de poderes, participación ciudadana, legalidad y no arbitrariedad. Esto simboliza por una parte que nadie pueda ser sujeto a las arbitrariedades del poder; es decir, que la facultad punitiva que dispone el estado, solo pueda ser ejercida ante una auténtica violación; y, por otra, el respeto del principio de igualdad ante la ley, donde sin importar de quien se trate, todos estemos igualmente protegidos o seamos sujetos a la misma aplicación de las leyes, sin privilegios ni desventajas. Un Estado de Derecho sólido equivale al establecimiento de una paz duradera, la protección efectiva de los derechos humanos y el progreso humano y económico, mientras que lo contrario da paso a un sistema donde existen dispensas específicas para determinadas personas o grupos con base en el clientelismo.
El estudio se realizó a través de encuestas realizadas en hogares y a varios expertos a fin de evaluar el desempeño de los países por medio de ocho factores: limitaciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, ejecución regulatoria, justicia civil y justicia penal, cada uno con sus respectivos componentes. Con esto, se busca reflejar la percepción que tienen las personas sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en su cotidianidad.
En Ecuador, el informe se desarrolló con encuestas llevadas a cabo en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, los resultados arrojan por ejemplo que la ausencia de conflicto armado interno –orden y seguridad-, libertad de religión –derechos fundamentales- y los métodos alternativos imparciales y efectivos de solución de conflictos –justicia civil-, son los puntos más fuertes en el país, mientras que la indebida injerencia gubernamental –limitaciones a los poderes del gobierno, justicia civil, justicia penal-, retrasos injustificados –justicia civil, justicia penal-, ineficaz sistema correccional –justicia penal- y el empleo de violencia entre la gente para reparar los conflictos personales –orden y seguridad-, junto con otra decena de aspectos que involucran: corrupción en los poderes públicos, falta de límites a los poderes, libertad de expresión, derecho a la información, en los que estamos por debajo de la media, hunden al país en la parte baja del ranking, resultado que para muchos de nosotros no resulta una sorpresa.
En Ecuador la corrupción lamentablemente forma parte de nuestro diario vivir, fue así en el pasado y a pesar que el régimen de turno sostenga lo contrario, se mantiene igual, ejemplos hay muchos: las irregularidades en la compra de ambulancias, pagos excesivos en la adquisición de medicamentos y equipos médicos dentro del Ministerio de Salud, Pedro Delgado –pariente del Presidente- y su adulterado título universitario para asumir el manejo del Banco Central, el préstamo a Gastón Duzac, los juicios contra el ex ministro Raúl Carrión, contra la ex asambleísta Esperanza Galván, la intermediación del petróleo ecuatoriano, las irregularidades dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la detención del ex Gerente General de la empresa estatal Petroecuador, el proceso contra el ex Ministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuzelly e incluso el más reciente escándalo sujeto al escrutinio público, desestimado por el gobierno pero a la espera de ser resuelto, relacionado a los supuestos actos ilícitos adjudicados por un prestigioso diario panameño al actual Vicepresidente. Además, medios locales revelan que hay más de dos mil informes con responsabilidad penal emitidos por la Contraloría General del Estado; sin embargo, hasta el momento no se conoce el resultado de la inmensa mayoría, poniendo de manifiesto que la impunidad acecha al país.
En cuanto a la independencia de funciones, este nunca ha sido un punto fuerte en Ecuador pues hemos pasado de una función judicial que representaba a los partidos políticos más votados a una en que aparentemente existe autonomía, méritos y oposición pero habitualmente enfrenta graves acusaciones de manipulación e influencia gubernamental; además, contamos con un ordenamiento jurídico continuamente sujeto a los antojos del poder, que otorga excesivas competencias al Presidente; por ejemplo, en organismos que por su naturaleza no deben obedecer intereses gubernamentales como la Superintendencia de Información y Comunicación.
Estos resultados ocasionan que los ecuatorianos desconfiemos del Estado de Derecho que existe en el país y nos ubican debajo de estados como Irán (86) donde no existe separación entre la iglesia y el estado ocasionando que el sistema clerical se haya enriquecido a través del dominio absoluto del país, donde el sistema judicial carece completamente de independencia y el gobierno ha confiscado la propiedad de las minorías religiosas; o, Costa de Marfil (87) que mantiene una corrupción endémica conducente a que los infractores rara vez sean procesados a pesar de una política oficial de tolerancia cero, el poder judicial no es independiente, los jueces son altamente susceptibles a recibir coimas y la gran mayoría de contratos públicos son adjudicados sin procesos de licitación.
No cabe duda que para que un país funcione se necesita que efectivamente impere el Estado de Derecho pues es un requisito indispensable para la auténtica consolidación de un sistema democrático respetuoso de los individuos, caso contrario pronto estaremos sumidos en la democracia autoritaria que devasta Venezuela (113) o la dictadura familiar a la que Nicaragua parece apuntar (101).
El Estado de Derecho en sentido real no condiciona solamente que toda decisión se encuentre limitada por ley, sino que condiciona también sus contenidos –los derechos individuales no están sujetos a la decisión de una mayoría- de manera que todo el ordenamiento jurídico estatal y su aplicación debe respetar, promover y proteger los derechos humanos que emanan de la dignidad de las personas y de los que nadie puede privarnos.
La consolidación del Estado de Derecho como reacción al absolutismo fue un logro sin precedentes que conquistó la humanidad y cuyo camino aún se mantiene en construcción pero sobretodo que requiere la inminente participación ciudadana para defender la libertad y alzarnos en contra de los abusos, denunciar las arbitrariedades y sobretodo negarnos a dejar seducir por el régimen de miseria llamado socialismo que forjado en la envidia, el resentimiento y el deseo de dominación de algunos hombres que tienen la arrogancia de creer que pueden controlar la vida de todos, se administra desde la hipocresía e impide el desarrollo.
Autor Andrés Ricaurte Pazmiño
Académico Asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política
Maestrando en Protección Internacional de los Derechos Humanos (Universidad de Alcalá), Abogado (Universidad Nacional de Chimborazo), egresado de Ingeniería en Gestión de Gobiernos Seccionales (Escuela Superior Politécnica de Chimborazo). Acreedor de becas y reconocimientos por resultados académicos, formación nacional e internacional en libertarismo, liderazgo y emprendimiento, derecho internacional humanitario, economía, entre otras. Experiencia profesional en instituciones del sector público en asistencia legal (Fiscalía Provincial de Chimborazo, Ministerio de Minería) e investigación jurídica (Consejo de la Judicatura), ha colaborado en instituciones privadas en asuntos sobre derecho internacional, cooperación para el desarrollo e integración, trabajando con grupos vulnerables por motivo de discriminación (Fundación Iberoamérica Europa). Conferencista en temas de derechos humanos, liderazgo, relación entre libertad económica y calidad de vida. Interés en el diálogo entre la sociedad civil e instituciones gubernamentales, en el análisis y la elaboración de políticas públicas e investigación social y en la aplicación de los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos internos. Énfasis investigador en libertades civiles, participación ciudadana, memoria histórica, verdad y no repetición. Libertario, minarquista. Apasionado del cine. Orientado a la promoción de los derechos humanos desde un enfoque libertario.
