21/10/2016
Por: Andrés Ricaurte Pazmiño
Uno de los conceptos más básicos de estado hace referencia a la sociedad política y jurídicamente organizada, dotada de soberanía e independencia, que agrupa a la población de un determinado territorio. Partiendo de esta concepción, la posición personal respecto a su rol e influencia presenta un abanico de opciones, desde aquellos que consideran que sin un predominio del estado la sociedad colapsaría y entonces la civilización desaparecería empujada por los intereses individuales, hasta quienes se manifiestan fervientemente en favor de su abolición absoluta. Este artículo defenderá una postura en particular, el estado mínimo o minarquismo, un sistema que vela por la reducción del tamaño, papel e influencia del estado con el fin que su misma existencia no represente una violación contra la libertad individual y permita preservar la neutralidad de las leyes y la administración de justicia.
Esta teoría surge como una vertiente del libertarismo, cuyo postulado central sostiene que el principio de no agresión rige las relaciones entre particulares. Para garantizar este fin, la noción de estado mínimo estima que la existencia de un único poder soberano es esencial para el efectivo cumplimiento de este principio, contando con la seguridad jurídica como la base de las relaciones entre particulares y como esencia de la función gubernamental, siempre y cuando este sea un organismo sin mayores atribuciones que los ciudadanos que lo legitiman; es decir, si yo no puedo imponer mi propio sistema o concepción explicativa del hombre, el mundo y la vida, mi personal cosmovisión, para que otros la apliquen y en caso de no hacerlo, sean sancionados, el gobierno tampoco puede hacerlo fundándose en la supuesta necesidad de garantizar el orden a través de la imposición o supremacía de determinadas opiniones adoptadas como credos estatales.
Los defensores del minarquismo sostienen que el gobierno es meramente un agente o sirviente de los ciudadanos, que no tiene ninguna autoridad moral legítima para ir más allá de las funciones específicas de protección de los derechos individuales –vida, libertad y propiedad- frente a toda interferencia violenta. De esta manera, asumen que el estado se complementa con la sociedad, para aplicar el uso de la fuerza contra quien aprovechándose de su libertad, atentó contra de la libertad de otros.
Sobre los vacíos que mantiene el minarquismo, un punto que plantean sus detractores dentro del mismo libertarismo hace referencia a la falta de consenso sobre la extensión del estado. Diversos autores han respaldado cada uno su postura, sin llegar a un acuerdo absoluto; sin embargo, existe un relativo pacto para enmarcar su esfera en las funciones de seguridad y vigilancia para garantizar la defensa nacional frente al exterior y el orden público interno, legislación, justicia y relaciones diplomáticas, y -en menor acuerdo- servicios públicos e infraestructuras esenciales. Sobre este particular, personalmente considero que si bien debe estimularse la privatización de sectores estratégicos, es necesario que el estado provea por ejemplo: agua potable y saneamiento así como también que facilite el acceso a salud y educación, como una obligación de su gestión y una responsabilidad que agenciarán los representantes del poder gubernamental en función de sus competencias de acuerdo a su nivel de gobierno; sin embargo, bajo ninguna circunstancia apoyo que estos mantengan ningún monopolio como tampoco debería hacerlo la inversión privada, de hecho considero que debe existir absoluta libertad de competencia, quedando los ciudadanos facultados para elegir la opción que estimen más conveniente, pública o no.
También hay que considerar una pregunta que plantean quienes apuntan más allá del estado mínimo y buscan su completa disolución, ¿cómo logramos que el gobierno limitado no degenere en una maquinaria abusiva y opresora que extienda continuamente sus funciones?, la respuesta, a través de un sólido sistema de pesos y contrapesos. Mientras el poder está legitimado para actuar en nombre y representación de la ciudadanía, la seguridad jurídica establece los límites de su actuación, la división e independencia de poderes enmarca el alcance de cada uno y ratifica la transparencia y los procesos de fiscalización; además, obliga a la sociedad civil a adoptar un rol decisivo en la toma de decisiones, haciendo de su participación no solo una necesidad sino ante todo un compromiso cívico, desempeñándose como el mayor de los contrapesos, caso contrario de la inexistente o incorrecta participación política deviene la falta de libertades, dejando el camino libre para la corrupción, la tiranía, el autoritarismo y la manipulación.
Sin duda el minarquismo todavía tiene errores que deberán ser saldados, pero así mismo, minimizar el rol del estado a un garante de los derechos individuales en lugar de ser su principal violador, es una alternativa para romper los viejos paradigmas que nos han sumido en el hiperpresidencialismo opresor, el intervencionismo excesivo, despiadado, paternalista y parasitario que tenemos en la actualidad, un sistema que ha olvidado lo que Bastiat sostuvo: que la existencia de la personalidad, la libertad y la propiedad no se debe a que los hombres hayan dictado leyes. Por el contrario, la preexistencia de su personalidad, libertad y propiedad es la que permite que puedan hacer leyes los hombres.
Para que los derechos humanos como garantía de la dignidad del individuo frente al estado sean antepuestos a los arrebatos del poder y los prejuicios de la sociedad, para fiscalizar la acción gubernamental, para que el gasto burocrático sea limitado, los subsidios se conviertan en prebendas del pasado y los impuestos se reduzcan gradualmente hasta que de una vez por todas los individuos puedan disfrutar los frutos de su trabajo, ha llegado el momento de ocuparse en la tarea de forjar un sistema que entienda al estado como el producto de un acuerdo que facilita la cooperación social, cuyo gobierno obedezca a sus mandantes y nunca más los maneje como si de marionetas se tratasen.
Autor
Académico Asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política
Maestrando en Protección Internacional de los Derechos Humanos (Universidad de Alcalá), Abogado (Universidad Nacional de Chimborazo), egresado de Ingeniería en Gestión de Gobiernos Seccionales (Escuela Superior Politécnica de Chimborazo). Acreedor de becas y reconocimientos por resultados académicos, formación nacional e internacional en libertarismo, liderazgo y emprendimiento, derecho internacional humanitario, economía, entre otras. Experiencia profesional en instituciones del sector público en asistencia legal (Fiscalía Provincial de Chimborazo, Ministerio de Minería) e investigación jurídica (Consejo de la Judicatura), ha colaborado en instituciones privadas en asuntos sobre derecho internacional, cooperación para el desarrollo e integración, trabajando con grupos vulnerables por motivo de discriminación (Fundación Iberoamérica Europa). Conferencista en temas de derechos humanos, liderazgo, relación entre libertad económica y calidad de vida. Interés en el diálogo entre la sociedad civil e instituciones gubernamentales, en el análisis y la elaboración de políticas públicas e investigación social y en la aplicación de los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos internos. Énfasis investigador en libertades civiles, participación ciudadana, memoria histórica, verdad y no repetición. Libertario, minarquista. Apasionado del cine. Orientado a la promoción de los derechos humanos desde un enfoque libertario.
