La fijación de los salarios

26/12/2018
Alberto Dahik

La idea de que el salario debe subir todos los años se ha considerado un derecho adquirido por parte de ciertos sectores sindicales, y se ha consolidado como una obligación política de parte de la mayoría de gobiernos y ministros del ramo de turno.

En el esquema tradicional, salvo contadas excepciones, el ministro del ramo negocia los salarios con criterio político. Como siempre es lindo regalar lo que no cuesta, se compromete a subidas excesivas. Les toca entonces a los responsables del manejo del presupuesto del Estado ver cómo se resuelven los desequilibrios económicos para el fisco; y a los ministros de la producción escuchar a las empresas quejarse de falta de rentabilidad; y finalmente los empresarios tienen que ver cómo sobrevivir y avanzar ante alzas inconsultas que afectan la competitividad.

La economía ecuatoriana tiene casi dos años de deflación, esto es precios a la baja, con lo cual los salarios de por sí ya han crecido en términos de poder adquisitivo. Causa entonces un gran susto y angustia que se esté hablando de elevación de salarios en el momento actual.

Cuánto debe ser el aumento salarial es materia que compete no al ministerio de relaciones laborales, sino al ministerio que dirige la economía del país. En este último se entiende qué presiones pone un aumento de salarios sobre el presupuesto del Estado; qué afectación tiene ese aumento sobre la competitividad de las empresas, sobre el nivel de empleo, sobre la adopción de tecnologías que ahorren empleo o la adopción de modos de trabajo que privilegien el empleo. Es en el Ministerio de Economía donde se entiende el impacto salarial sobre el crecimiento de la economía, donde se comprende también que es el aumento de la productividad y el equilibrio general de la economía lo que determina cuánto se pueden subir los salarios, y no las consideraciones electorales, personales, partidistas o de cualquier otro orden.

El día de hoy, una elevación de salarios afectaría gravemente a la ya muy disminuida competitividad de la producción nacional. Esa elevación se iría en contra del discurso oficial de búsqueda de competitividad. Pondría a las empresas, que de por sí atraviesan duros momentos, en menor disposición a tomar más empleo y haría que busquen cómo ahorrarlo.

En el Ecuador, entre el 2006 y el 2015, esto es antes de la caída del precio del petróleo y antes de la apreciación del dólar, estribillos usados por la familia revolución ciudadana (FaRC) para justificar el descalabro que crearon en el Ecuador, los salarios por políticas internas y decisión del Gobierno, subieron en más del 150%, mientras que la inflación general fue del 45%. Es decir, el costo salarial subió en más del triple de la tasa de la inflación general, con lo cual, siendo el costo laboral normalmente el más importante en la mayoría de las empresas ecuatorianas, se le dio un golpe terrible a la capacidad de las mismas de competir con los bienes importados, o de exportar.

Con esta realidad, con una proyección de los propios miembros del Gobierno, han entregado al país que se prevé un decrecimiento del PIB per cápita para los próximos 5 años, ¿con qué criterio técnico entonces se puede sustentar una alza salarial?

¿Dónde está el estudio que demuestre con profundidad de análisis que se pueden o deben subir los salarios?

El Ecuador tiene un ejército interminable de desempleados, y de personas con empleo inadecuado, quienes ganan muchísimo menos que el salario oficial o formal, y que no tienen ninguna protección social. Solamente miremos cuánta gente en las esquinas vende cosas cuando la luz está roja, cuántas lavan el parabrisas, y cuántas hacen maniobras de circo esperando una moneda.

La política de subir permanentemente y en forma indiscriminada los salarios no ha generado protección al trabajador; por el contrario ha generado una gigantesca desprotección a quienes no tienen empleo, o lo tienen inadecuado. Porque, además del costo en sí del salario, las demás condiciones adversas y desmotivadoras como el costo de un despido intempestivo, el costo del 15% de reparto de utilidades, y el costo de la jubilación patronal, lo único que hacen es desincentivar el uso de mano de obra, y preferir cualquier máquina que pueda hacer el trabajo, justamente en un país con desesperante necesidad de generar empleo.

La despolitización de los salarios es otra de las grandes metas macroeconómicas y sociales que debe tener un país. Así como el manejo fiscal y el manejo monetario no deben ser politizados, el manejo de los salarios no puede caer en el juego de la política, porque termina haciendo un mal infinitamente mayor, que la fantasiosa idea de que la gente está bien y ganando más.

*Este artículo fue originalmente publicado en El Universo

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