21/11/2016
Por: Fabián Pozo
Las inversiones no vendrán si no subimos varios puestos en los rankings de Estado de Derecho, control anticorrupción, y calidad democrática, además de mejorar en el ranking Doing Business. Y sin inversiones, no hay empleo.
El nuevo gobierno que sucederá a Rafael Correa se enfrenta a un diseño cuidadosamente planificado desde Montecristi que permitiría que, por medio del control del Quinto Poder (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social), el proyecto socialista mantenga dominio de a las autoridades de control, como por ejemplo, la contraloría y fiscalía.
Así por ejemplo, el concurso para contralor fue recientemente convocado, y el sucesor de Pólit se posesionaria poco antes que el nuevo presidente para un periodo de cinco años. Algo similar pasará con el fiscal, vocales del CNE, Defensor del Pueblo y algunos superintendentes. Así, podríamos tener un contralor “verde” hasta después de las elecciones de 2021.
Por esto, es indispensable discutir públicamente un mecanismo de recuperación de la independencia institucional que sea tan inmediato como la reforma económica. Es cierto que lo ideal sería deshacerse del Frankenstein constitucional de Montecristi y reemplazarlo por una verdadera constitución que en lugar de dar rango constitucional a un proyecto político específico sea un marco para la diversidad de pensamiento, pero esto requiere demasiado tiempo y es poco viable al momento; no olvidemos que la constitución de 2008 fue la primera en regular ‘su propia muerte’, con un proceso costoso que tomaría al menos dos años y medio, y tres procesos electorales.
Por esto, propongo el siguiente mecanismo de recuperación institucional en cinco pasos:
1. Juicio político por la reforma institucional.- las autoridades que han incumplido sus funciones y han actuado con nula independencia política, deberían ser enjuiciados políticamente por la nueva asamblea nacional. Siguiendo la única experiencia de juicio político vivida bajo esta constitución, esto tomaría aproximadamente 3 meses.
2. Consulta popular para cesar en sus funciones al Quinto Poder.- la constitución permite al presidente convocar a consulta popular sobre cualquier asunto que estime conveniente. Paralelamente al juicio político ya mencionado, podría convocar a una consulta popular sobre el cese en funciones de los consejeros del CPCS y otros cuya dependencia partidista ha sido evidente. Esto no implica desaparecer (aún) al quinto poder, sino que el pueblo cese directamente el mandato dado a sus autoridades. Este procedimiento tomaría aproximadamente 4 meses, teniendo como único gran obstáculo a la Corte Constitucional.
3. Una Comisión de Transición Institucional para evitar acefalía.- hasta que se convoquen nuevos concursos de méritos y oposición, para evitar acefalía, en los casos que proceda asumirían las autoridades subrogantes según el orden jerárquico de cada institución. En los casos que estos no existan, será necesario conformar una Comisión De Transición Institucional en cuya nominación participen los otros poderes del Estado, que asuma las facultades del CPCS cesado para llevar adelante los concursos de méritos y oposición para las nuevas autoridades.
4. Reforma constitucional que transfiera algunas facultades del Quinto Poder a la Asamblea Nacional.- Como medida a mediano plazo, se podría proponer una reforma constitucional que devuelva las facultades de selección de autoridades al legislativo, manteniendo en el Quinto Poder las de veeduría ciudadana, hasta una posterior modificación de la constitución que elimine definitivamente esta novelería del Quinto Poder. Esto podría tomar aproximadamente 10 meses.
5. Eliminación del Error inexcusable y recuperación de la independencia judicial.– es de conocimiento público que el llamado “error inexcusable” ha sido la excusa para presionar jueces desde un Consejo de la Judicatura con clara preferencia partidista. Esto debe ser eliminado. Asimismo, podría estudiarse una reforma para la recuperación del mecanismo de cooptación -perfeccionándolo- para la selección de magistrados de la Corte Nacional, separando así el área administrativa de la función judicial de toda influencia en las decisiones judiciales. La eliminación del error inexcusable es de orden legal, por lo que podría tramitarse urgentemente en la Asamblea. La modificación del mecanismo de selección podría tramitarse como una reforma constitucional.
Este breve esbozo no excluye la posibilidad de una nueva constitución, pero es consciente de que aquello es costoso, requiere un tiempo que el país no posee, y necesitaría de un consenso político por ahora inexistente, pues de lo contrario podemos terminar con otro “frankenstein” constitucional, condicionado por ‘minorías móviles’ que den o no mayoría para su aprobación.
Pensar -como han hecho algunos- en que la nueva asamblea nacional se autoproclame constituyente, o que los asambleístas constituyentes convocados se declaren de plenos poderes una vez electos, sería abrir una caja de Pandora con poderes aún más grandes que los que hoy concentra el gobierno de turno. Por esto, insisto en la necesidad de un proceso de transición, perfectible, pero democrático, republicano, y que permita recuperar en breve la independencia de poderes necesaria para la real existencia de un Estado de Derecho.
*Este artículo fue publicado originalmente en La República (Ecuador) el 20 de Noviembre del 2016.
Autor Fabián Pozo
Abogado ecuatoriano
graduado en la Universidad del Azuay, Master en Derecho por la
Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos, con certificación
en Derecho corporativo por la misma universidad.
Autor de varios textos en Derecho de Competencia, Derecho Constitucional
y económico, ha realizado estudios en materia económica en
instituciones de alto nivel como el Institute for Human Studies de
George Mason University. Ha sido también becario de la Fundación Fur dei
Freiheit Stiftung de Alemania, de la fundación FAES de España, así como
de la Fundación Caminos de la Libertad de Mexico D.F., en temas de
gobernanza y escuela austríaca de economía. Ha sido profesor del
Diplomado de Derecho de la Competencia de la Universidad Católica
Santiago de Guayaquil. Es columnista de múltiples diarios nacionales y
extranjeros en materia de análisis jurídico-económico. Sus publicaciones
han recibido múltiples reconocimientos internacionales, como por
ejemplo el premio Caminos de la Libertad otorgado en México D.F.
