05/09/2017
Paola Ycaza Oneto
El 2007 fue un año nefasto para la institucionalidad del país. En marzo de ese año, con solo dos meses en funciones, el gobierno de la Revolución Ciudadana (RC) destituyó de la forma más arbitraria a 57 diputados de la mayoría parlamentaria por decisión del entonces Tribunal Supremo Electoral. Días después de este acontecimiento, el Tribunal Constitucional (TC), máxima autoridad en una república constitucional, ordenó que se reintegraran 50 de los 57 legisladores. El expresidente condenó el fallo del TC calificándolo de “flagrante violación de los procedimientos legales de Ecuador”. El Congreso, una vez que contó con una ilegítima mayoría oficialista, aprobó la destitución de los nueve vocales que integraban el TC.
¿Cómo surgió esta mayoría oficialista? Los diputados suplentes se reunieron en secreto en una hostería y cuando la prensa los sorprendió se retiraron sin dar declaraciones, algunos escondidos bajo manteles, puesto que había sucedido una clarísima “compra de conciencias”. Los diputados que suplirían a los titulares destituidos subieron a un bus policial en la madrugada y el cordón policial, que rodeaba al Congreso “por órdenes de superiores”, dejó pasar al vehículo. Un mes después, en abril del 2007, se llevó a cabo la consulta popular que habían querido evitar los destituidos y se aprobó la Asamblea Constituyente, la cual disolvió el Congreso y ejerció facultades plenipotenciarias.
Si eso no es sentar un precedente de desinstitucionalización, no estoy segura de qué lo es. Cuando las instituciones representaron un estorbo para la agenda de la RC, no tuvieron reparo en pasar por encima de ellas; cuando la separación de poderes fue un problema, decidieron unir al Ejecutivo y al Judicial; y cuando la prensa empezó a investigar ciertos indicios de corrupción, se la persiguió y se valieron de nuevos medios de comunicación que, disfrazados de medios de rendición de cuentas, se convirtieron en “Ministerio de la Verdad” con su respectiva “Policía del Pensamiento”. Estos mismos funcionarios, autores de la desinstitucionalización, estuvieron al mando de un fisco con ingresos sin precedentes. Así, lo curioso es tanto cómo lo hicieron y por cuánto lo hicieron.
Este septiembre se cumplen 10 años de la elección de los asambleístas constituyentes, que como era de suponer, fueron de mayoría oficialista (79 de 130). Finalmente, en noviembre del 2007 se instaló la Asamblea Constituyente en Montecristi.
De estos asambleístas constituyentes oficialistas hay una mezcla interesante en sus posiciones, luego de una década de desinstitucionalización: por un lado tenemos los que siguen con la camiseta puesta defendiendo un proyecto que llamaron “milagro” cuando se sabe que lo sostuvo el precio del petróleo; otros que en su momento debieron fiscalizar pero se hicieron de la vista gorda y cuya defensa termina siempre en la mención de un excontralor hoy perseguido por nuestra justicia laxa; y por supuesto, no falta el que hoy se pregunta en qué momento esto se salió de control y se terminó de perder lo que restaba de institucionalidad, dando rienda suelta a una corrupción inconmensurable.
A este último grupo quisiera decirle que, cual novela distópica orwelliana que representa una sociedad con un poder gubernamental abismalmente superior al de los ciudadanos, la respuesta no es otra cosa que un año: 2007.
*Este artículo fue publicado originalmente en El Universo
