Educación sin techos

22/11/2018
Marcos José Miranda Burgos

Hemos sido testigos de cómo esta semana cientos de estudiantes universitarios han marchado en contra del recorte presupuestario para las instituciones de educación superior de unos 145 millones de dólares para 2019. No obstante, el martes, el Gobierno informó que mantendrá el mismo presupuesto que el determinado en 2018.

Sin entrar en el análisis de la proforma, la cual debe ser debatida con cuentas más claras y con un déficit global más cercano a la realidad, es indudable que la situación económica del país no es la mejor y, por ello, no se mejoran las asignaciones a las universidades.

Es claro que si una institución educativa tiene menos recursos podrá optar por (I) reducir la cantidad de clases, programas o carreras, (II) disminuir la cantidad / calidad de docentes, o (III) acortar las matrículas a los estudiantes, lo que hará que menos ecuatorianos puedan realizar estudios técnicos y profesionales.

La otra alternativa, que solo rectores comprometidos buscarán, será identificar los medios y la forma de aumentar los ingresos. Actualmente, una forma de obtener más dinero en las universidades públicas son los programas de cuarto nivel o maestrías.

Recientemente, la asambleísta Viviana Bonilla presentó un proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior, apodado “Ley de Maestrías”, buscando poner un techo a los precios de las maestrías. Política y popularmente suena bien, pero es importante que entendamos lo que puede traer consigo esta reforma, algo que la doctrina legislativa (de poco conocimiento y utilización por los legisladores) denomina como consecuencias ocultas o imprevistas.

Lo primero que hay que dejar en claro es que es inconcebible, y resulta aún increíble, que algunos parlamentarios no entiendan que la fijación de precios, sin estudios y datos previos, es mala. Es inaudito e inaceptable que pretendan aplicar estas medidas sobre instituciones privadas de educación, pues el art. 355 de nuestra Constitución les garantiza la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica.

En el texto propuesto por la legisladora Bonilla no se observan datos de ingresos en las universidades por concepto de maestrías y, si ella propone reducir los precios que se cobran por estos estudios, probablemente la cantidad de dinero que reciben por maestrías bajará. En consecuencia, o el Estado cubre ese dinero o se disminuye la oferta académica. Ustedes podrán inferir lo que ocurrirá.

Imponer más control y limitaciones a las universidades públicas aumentará la dependencia económica que estas tienen hacia el Estado. Antes del correísmo, de acuerdo con la Secretaría Nacional de Educación Superior, los centros educativos públicos dependían de sus propios recursos hasta en un 34% y actualmente, estos valores no llegan ni al 10%.

Suponer (y utilizar como argumento para fijar precios) que las personas tienen un “dilema” entre estudiar o adquirir bienes es absurdo. Toda persona que tiene dinero ahorrado o desea adquirir una deuda es libre en decidir en qué utilizarlo y cuánto pagar por lo que necesita. Esperemos que los argumentos populistas que envuelven este proyecto de ley sean estudiados y refutados con argumentos técnicos, económicos y legales.

*Este artículo fue originalmente publicado en El Universo

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