4/05/2018
Gabriela Calderón de Burgos
Reducir el gasto público en la proporción en que la crisis fiscal actual lo requiere implica un cambio de mentalidad. A pesar de los cambios de gobiernos y de la supuesta Revolución, seguimos teniendo un Estado centralista, obeso y que pretende abarcar mucho, descuidando sus funciones legítimas. Hay tres principios básicos que nos podrían encaminar hacia un Estado más austero y eficiente.
Primero, los padres fundadores del Ecuador, José Joaquín de Olmedo y Vicente Rocafuerte, concibieron a la nación como una república federal en la que la mayoría de las decisiones serían tomadas a nivel local, donde serían asimismo recaudados y gastados la mayoría de los impuestos. Por ejemplo, cuando Olmedo era prefecto del departamento de Guayas y el gobierno central propuso que se destinaran recursos de Guayaquil para financiar la construcción de una carretera que conectara a Esmeraldas con el resto del país, él opinaba que “cada Departamento tiene derecho de procurarse cuantas ventajas le brinden su clima y su localidad. Y este derecho debe ser subsistente aun cuando las ventajas que se proponga cada país no sean del todo compatibles con las de los pueblos vecinos; pero la justicia también exige que los trabajos y costos de las mejoras particulares de cada territorio salgan de sus propios fondos, pues sería duro y violento obligar a los pueblos perjudicados a costear las ventajas ajenas y pagar su propio daño”. Una verdadera descentralización de la administración pública podría conducir a importantes reducciones del gasto público, porque como los políticos gastan dinero de otros es mejor que sean vigilados de cerca.
Segundo, la descentralización resultaría en una sana competencia entre los distintos gobiernos provinciales y municipios y en ideas innovadoras como la privatización o concesión de servicios públicos. Por ejemplo, cuando el Municipio de Guayaquil concesionó la gestión del agua, eliminó una empresa pública que acarreaba cuantiosas pérdidas y prestaba un servicio deficiente. Ecapag entregó a Interagua en 2001 la gestión del agua de la ciudad cuando solo el 66% de la población tenía acceso al agua potable y el 42% tenía cobertura de alcantarillado. Para enero de 2017 la concesionaria había logrado llevar el acceso al agua potable al 98% de la población y la cobertura de alcantarillado al 92%, a pesar de que la población de la ciudad aumentó entre 2000 y 2017 en un 29%.
El país tiene 221 municipios, imagínese el ahorro en inversión pública que se lograría para todo el país y la mejora de calidad de un servicio público básico como el agua del que podrían disfrutar habitantes alrededor del país. Esta idea podría ser llevada hacia otros servicios públicos como los eléctricos o, si consideramos los gobiernos provinciales, a la construcción y mantenimiento de carreteras.
Tercero, conviene adoptar una metodología de presupuesto cero mediante el cual se ignora el nivel de gasto del año anterior y se parte de “cero”, obligando a cada unidad ejecutora del gasto a justificar cada partida. En algunos casos se aumentará el gasto, en otros casos quizás hasta desaparecerían totalmente algunas instituciones al identificarse en este proceso de evaluación de costos y beneficios que son innecesarias o redundantes. Los hogares y empresas responsables lo hacen así.
Este artículo fue originalmente publicado en El Universo
