¿Se repite el fraude electoral venezolano en Ecuador?

11/03/2017
Hana Fischer

Lo que viene sucediendo en Ecuador se asemeja muchísimo a lo acontecido en Venezuela. En ambos países —de la mano de Rafael Correa y Hugo Chávez, respectivamente— se desmanteló la república para concentrar el poder en manos del presidente. Al tener todas las instituciones y recursos de Estado a su disposición, podían darse el lujo de convocar a “elecciones”, y ellas pasaron a ser una mera fachada para “legitimar” a las dictaduras imperantes.

Al carecer la gestión gubernamental de controles y contrapesos, la calidad de vida en ambas naciones descendió de forma pronunciada; no solo en lo material, sino también en lo espiritual, debido a la angustia y la rabia que provocan vivir en un país donde no existen garantías individuales. Ergo, las injusticias se multiplican.

En consecuencia, la población se hastió y ya no alcanzó el amedrentamiento ni el uso abusivo de los recursos del Estado para obtener la victoria electoral. Y, ante la sorpresa del chavismo y de Correa, sus “delfines” no ganaron las elecciones como estaba previsto.

Es lo que ocurrió con Nicolás Maduro en Venezuela y probablemente con Lenín Moreno en Ecuador. En las dos ocasiones hubo denuncias de fraude electoral. Debido a las similitudes entre ambos procesos, se duda que las cosas se aclaren con honestidad en Ecuador.

En la elección donde Maduro fue proclamado ganador, observadores independientes europeos que estuvieron presentes durante la jornada de votación, señalaron que “hubo fraude electoral en Venezuela”. Asimismo, que se había cometido “una serie de delitos electorales” que pudieron haber alterado el verdadero resultado de los comicios.

En el informe que elaboraron se especifica que “la elección fue llevada a cabo bajo un ambiente poco propenso para la realización de un proceso libre y transparente, ya que se caracterizaba por el abuso de las instituciones del Estado por parte de un régimen que mostraba el ‘firme propósito de conservar el poder a toda costa”. En adición, se resalta que “la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE) genera dudas sobre su imparcialidad […] La sospecha de su parcialidad es incrementada por la negativa del organismo de atender la solicitud de una auditoría introducida por la oposición”.

Adicionalmente, se observó una “aparente falta de independencia del poder judicial”, dado que la revisión de las últimas sentencias relacionadas con los procesos electorales permitió constatar una “muy preocupante permeabilidad de la voluntad del ejecutivo”.

El texto concluye enfatizando que “una situación así pone en peligro y en serias dudas la necesaria neutralidad y objetividad imprescindible exigible a este órgano en un sistema democrático”.

Ese informe fue elaborado con respecto a Venezuela, pero perfectamente podría aplicarse al caso de Ecuador.

Desde esa perspectiva, el insigne jurista uruguayo Justino Jiménez de Aréchaga —quien presidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en la década de 1970— señala que hay tres formas de fraude electoral: antes, durante y después.

El fraude “previo” se produce “cuando no hay libertad de prensa; se pone el poder del Estado al servicio de una persona, grupo o partido político; se amenaza y persigue a opositores; se modifican las normas electorales en perjuicio de la oposición o para favorecer a listas oficialistas y se inhabilitan candidatos”.

El fraude “durante” ocurre cuando pasan cosas “extrañas” mientras se realiza el acto eleccionario. El “posterior”, en el recuento de votos por parte de una Corte Electoral con parcialidad hacia el candidato oficialista. También, mediante la persecución de la oposición, que incluso puede llevar a que sean encarcelarlos bajo falsas acusaciones.

Guiándonos por esas premisas, parece bastante claro que en Ecuador se dieron —por lo menos— dos de esas formas de fraude electoral.

Con respecto al previo, desde el 2008 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) viene denunciando que “la actitud agresiva del Gobierno del presidente Rafael Correa Delgado contra la prensa se ha redoblado”. Además, hizo aprobar una reforma constitucional que contiene una “ley mordaza”.

La SIP señala que “el futuro de la libertad de expresión en el país depende en estos momentos de cómo se aplicará la nueva Constitución”. Los hechos posteriores demostraron que se la utilizó para silenciar las denuncias sobre corrupción gubernamental y a los opositores del gobierno.

Por su parte, Gabriela Calderón denuncia que “desde hace casi una década vivimos en un sistema en el que las instituciones del Estado se encuentran sometidas a la voluntad de un solo partido político […] La Revolución Ciudadana acabó con lo que quedaba del Estado de derecho en Ecuador e implantó un modelo de gobierno autoritario, con prácticamente todos los poderes concentrados en el Ejecutivo”.

Asimismo, advierte que “el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, es conocido por sus credenciales partidistas habiendo sido el secretario que archivaba los juicios políticos en contra del Gobierno —obstaculizando así la labor fiscalizadora de la Asamblea Nacional entre 2008 y 2012—. Otro personaje clave, el presidente del TCE (Tribunal Contencioso Electoral), Patricio Baca Mancheno, preside una institución de supuesto control electoral que suele fallar a favor del oficialismo”. Y “todo parece quedar en familia […] pues su hermano —Carlos— es ahora (acaba de ser designado, pero aún no ha tomado posesión del cargo) el nuevo fiscal general”.

Con respecto al fraude durante los comicios, Guillermo Lasso —el candidato de la oposición— denunció que ocurrieron cosas “extrañas”. Entre ellas, que en las horas claves para definir la elección, el sitio web de CNE estaba caído. Antes de que eso ocurriera, algunas prestigiosas encuestas a boca de urna lo daban como ganador, pero cuando se restableció la conexión, insólitamente, la tendencia se había revertido.

Por su parte, el opositor Movimiento CREO presentó documentación que acredita que el 82,2 % de las actas oficiales coinciden con las que ellos manejan. Según esos datos, Lasso tendría un porcentaje de voto del 50,5 % frente al 49,5 % de Moreno. El restante es el que presenta inconsistencia. Además, denuncia que se detectó que el 4,7 % de las mesas de votación tuvo un comportamiento “inusual”.

Con respecto al fraude posterior, el correísmo está utilizando las fuerzas estatales para amedrentar a la oposición:

“Urgente: 40 policías de Rafael Correa allanan oficina de Guillermo Lasso tras impugnación por fraude los comicios de Ecuador”, tuiteó Andrés Pastrana, expresidente de Colombia.

Lasso confirmó el allanamiento: “Es evidente que el correísmo, es el señor Correa, tiene el propósito de amedrentar a mi equipo, a mi familia, y a mí; por qué, porque perdieron las elecciones.” En forma similar se actuó con una agencia de publicidad que intervino en su campaña en Guayaquil.

Además, a pedido de Rosana Alvarado —vicepresidenta de la Asamblea—  policías allanaron las oficinas de Cedatos —la encuestadora que había dado por ganador a Lasso— por supuesta alteración de datos en las justas presidenciales.

El fiscal general, Galo Chiriboga, confirmó la investigación: “Lo que tenemos es una denuncia en relación a la encuestadora, una denuncia que está siendo procesada y vamos a ver los resultados de la misma”. Por consiguiente se libró “una orden de incautación” para investigar una presunta “conmoción social”.

En función de todos estos elementos, queda bastante clara la respuesta a la interrogante que dio origen a este artículo: ¿hubo fraude electoral en Ecuador?

*Este artículo fue publicado originalmente en Panam Post (EE.UU.) el 10 de abril de 2017.

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